Con 316 votos en pro, 129 en contra y 23 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general, y lo particular de los artículos no reservados, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal.
En su intervención desde tribuna, el diputado Arturo Roberto Hernández Tapia indicó que el dictamen plantea una oportunidad histórica para terminar con décadas de una actitud hipócrita y moralista que restringía la libertad de las personas. Expuso que la importancia de la resolución de la SCJN en materia de uso recreativo de la marihuana estriba en que introduce un elemento antes ausente, “los derechos humanos de las personas”.
“La conclusión a la que se llega es que la política prohibicionista sobre el consumo de la marihuana, vulnera el derecho a decidir responsablemente si se desea consumir una sustancia, que evidentemente causa algunas afectaciones, pero no está considerada como uno de los graves problemas de salud pública en México como los causados por las enfermedades crónico degenerativas”, mencionó.
En su intervención, la diputada Simey Olvera Bautista señaló el carácter vanguardista de la ley, que erradica las políticas públicas que satanizaron al cannabis “e instaura una normatividad apegada a los derechos humanos sin descuidar la salud pública, el desarrollo nacional y el desarrollo emocional”.
“Lejos quedaron las falsas premisas de los antiguos regímenes que aún se resisten bajo el precario argumento de que este producto degeneraba la sociedad, el cual ha sido desmentido por organizaciones nacionales como internacionales”, dijo.
Por su parte, Eleuterio Arrieta Sánchez manifestó que hoy se tiene una oportunidad histórica de garantizar los derechos humanos y proteger el libre desarrollo de la personalidad mediante la regulación de la cadena completa de producción, distribución y venta del cannabis desde la perspectiva de la salud pública y dejando atrás el prohibicionismo y la criminalización,
Señaló que el dictamen reconoce a las autoridades competentes como el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad, para que determine los mecanismos y procedimientos de certificación y trazabilidad del cannabis.
Además, dijo, se realizan diversas modificaciones a los tipos de licencias que contemplaba la colegisladora, entre las cuales destaca aquella que busca erradicar el intermedianismo y fomentar un mercado más justo.
Por su parte, la diputada María de los Ángeles Huerta del Río sostuvo que con el dictamen se cumple con la deuda que se tiene con millones de mexicanos que durante años fueron discriminados, extorsionados y encarcelados por el consumo y siembra de marihuana.
“Con la expedición de esta ley histórica estamos logrando un inmejorable equilibro entre la libertad individual de las personas y la protección de toda la colectividad, pues hay una protección que hace énfasis especial en los menores de 18 años y también cuidado para los jóvenes entre 18 y 24 años”, comentó.
En ese tenor, Anita Sánchez Castro refirió que se está ante una de las reformas más significativas de la Legislatura, por lo que instó en la necesidad de abandonar la visión prohibicionista forjada en tabúes sociales que han limitado el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad.
La diputada por Morena señaló que la criminalización del cannabis es también irracional, “dado que no protege los derechos humanos de las y los consumidores, no resultó idónea para disuadir a la población sobre su consumo y no cumple con su objetivo de disminuir su comercialización clandestina”.
Al hacer uso de la voz, el diputado David Orihuela Nava, sostuvo que tanto en la Ley General de Salud como en el Código Penal Federal, quedará establecida la legalidad de la portación de hasta 28 gramos de cannabis psicoactivo, “colocando nuestra regulación en un punto promedio de las regulaciones internacionales.
“Estamos proponiendo un marco de regulación similar a los de otras naciones donde existe el establecimiento de parámetros legales que prevén sanciones ante el incumplimiento de las reglas de legalidad; y que debe respetar el derecho al libre desarrollo a la personalidad sin afectaciones a terceros”, dijo.
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