El Estado debe asumir la obligación de promover, proteger y garantizar los derechos humanos y libertades fundamentales de los adultos mayores para contribuir a su total y efectiva inclusión, integración y participación en la sociedad y con ello dejar atrás el enfoque asistencialista.
Así lo expone Ricardo Monreal, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, en la reforma constitucional que presentará ante el Pleno del Senado de la República.
El senador busca reformar los artículos 4 y 73 de la Constitución Política para consolidar un sistema integral de atención, que le permita a este sector de la población disfrutar de una vida plena, independiente y autónoma.
En la iniciativa plantea que todos los órdenes de gobierno adopten medidas para prevenir, sancionar y erradicar el maltrato o abuso en contra de las personas mayores.
Expone que de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, para el año 2050 habitarán en México más de 150 millones de personas; de las cuales, el 21.5 por ciento, es decir, 32.4 millones, tendrán más de 60 años.
“Si bien en nuestro país las personas mayores gozan de todos los derechos que la Constitución establece, aún predomina un modelo legal y político de atención que las considera con un enfoque de asistencia social y no como sujetos de derechos”, acotó.
Diversos organismos han sido enfáticos en la necesidad de fortalecer las normas dirigidas a ese grupo poblacional que “crece sin parar”, de modo que se consolide un sistema integral y adecuado para su atención y protección.
El líder de Morena pretende establecer en la Carta Magna que las personas mayores tienen derecho a disfrutar de una vida plena, independiente y autónoma, así como a recibir un trato diferenciado y preferencial.
Planteó facultar al Congreso de la Unión para expedir la Ley General de los Derechos de las Personas Mayores, que defina las obligaciones concretas de la Federación, las entidades federativas y los municipios en estas tareas.
“Reconocer la igualdad de derechos de las personas de 60 años y más no debe limitarse a una simple declaración política”.
Lo que se requiere, apuntó el legislador, es continuar con las acciones para su materialización, con un marco conceptual y jurídico pertinentes, así como políticas públicas específicas.
La iniciativa se suma a la reforma constitucional para reconocer el derecho de las personas mayores a recibir una pensión por parte del Estado.
Así como a su incorporación a diversos programas sociales y su inclusión como grupo prioritario en el proceso de vacunación contra la Covid-19.
Monreal Ávila aclaró que con ello se da un paso definitivo para determinar los mecanismos para hacer exigibles los derechos de las personas mayores, los procedimientos para evaluar su eficacia y las sanciones por incumplimiento.
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