La diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, señaló que el dictamen que reforma diversas legislaciones y que tiene por objeto sustituir la denominación de Procuraduría General de la República por el de Fiscalía General de la República, contribuye positivamente a la claridad, entendimiento y ejecución de las normas y, con ello se evita problemas de interpretación.
Desde tribuna para fundamentar el dictamen de la Comisión de Justicia, manifestó la necesidad de incluir en el texto legal las nuevas denominaciones de las instituciones, para una correcta interpretación y amplia comprensión de la ley, “puesto que se tratan de disposiciones cuyo valor y sentido de la norma no se explican ni se ilustran con meras aclaraciones”.
Indicó que con este dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores; de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; de la Ley del Registro Público Vehicular, y de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, se logra una armonización necesaria para diversos ordenamientos.
“En la Comisión de Justicia coincidimos en la intencionalidad de la iniciativa respecto a la importancia de legislar a la luz de los principios de certeza y seguridad jurídica, a fin de otorgar claridad y precisión a las normas”, expresó.
La legisladora integrante del Grupo Parlamentario de Morena, refirió que el principio de certeza jurídica simboliza uno de los presupuestos fundamentales en la construcción del Estado de derecho.
“Este pilar fundamental guarda especial importancia para orientar el actuar de las autoridades, los ciudadanos y las instituciones del país, y es la motivación que justifica la materia de este dictamen de la Comisión de Justicia”, apuntó.
En ese tenor, recordó que el 14 de diciembre de 2018 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, para transformar a la Procuraduría General en una Fiscalía General de la República, con el objeto de dotarla de autonomía, personalidad jurídica, patrimonio propio, así como de robustecer las funciones e independencia del Ministerio Público.
Por tanto, expuso, “es necesario armonizar la ley, a efecto de que en coherencia con la reciente expedición de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República se haga referencia, en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en la Ley del Registro Público Vehicular”.
Así como en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, a la Fiscalía General de la República y “no así a la anteriormente llamada Procuraduría General de la República”.
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