El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la presentación de resultados de la estrategia de protección en el contexto electoral.
“Se está llevando a cabo un protocolo para proteger a todos los candidatos, de todos los partidos, de todas las organizaciones”, explicó al iniciar la conferencia de prensa matutina.
El mandatario indicó que desde el gobierno federal se instruyó la procuración de la seguridad de las y los candidatos “para que no tengan ningún problema y mucho menos pierdan la vida por estos procesos y por la participación de organizaciones criminales en algunas regiones del país”.
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que el objetivo es prevenir y erradicar la violencia política contra los más de 21 mil aspirantes a cargos de elección popular, además de “salvaguardar el proceso electoral para que no decida el crimen organizado, el crimen de cuello blanco”.
Sostuvo que todas y todos “sin importar color o ideologías pueden tener la seguridad de que no están solos. Las instituciones de seguridad del Gobierno de México centramos nuestros esfuerzos en proteger a los candidatos y candidatas y sus derechos políticos, no permitiremos que el partido del crimen decida. (…) De ninguna manera se doblegará a la democracia mexicana”.
Informó que la Mesa Nacional de la Estrategia estableció un centro de monitoreo que opera diariamente las 24 horas con más de cien servidores públicos capacitados.
Hasta este día se ha atendido a 117 candidatas y candidatos amenazados o agredidos, de los cuales 71 son hombres y 46 mujeres.
Se tienen registrados 103 eventos, algunos que involucran a más de un aspirante y en 60 de ellos abrieron carpetas de investigación.
En coordinación con autoridades estatales, el Gobierno de México brinda medidas de protección a 41 candidatos; de estos, 22 cuentan con vigilancia de policías estatales, 16 de la Guardia Nacional y tres de otras autoridades.
De acuerdo con datos de la Mesa Nacional de la Estrategia de Protección en Contexto Electoral, hay diez casos graves relacionados con la desaparición o fallecimiento de aspirantes; 35 requirieron atención especializada como botón de pánico, escoltas, teléfonos de contacto y vigilancia en inmediaciones de sus domicilios. Adicionalmente se analizaron 58 casos en los que se alertó de probable violencia política.
Más del 47 por ciento de estos casos se concentra en seis entidades federativas: Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí y Veracruz.
De las y los candidatos atendidos al momento, 82 por ciento son aspirantes a presidentes municipales, diputaciones locales y ayuntamientos. El 18 por ciento restante contiende por gubernaturas o diputaciones federales.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estableció coordinación con las y los gobernadores, la conferencia de secretarios de seguridad pública y otras autoridades estatales a través de las Mesas de Construcción de Paz y Seguridad para acordar los procedimientos a seguir.
El primer paso del protocolo de atención consiste en presentar una denuncia para abrir la carpeta de investigación correspondiente.
A partir de ese momento se coordina la atención de los casos en las Mesas de Paz en conjunto con las entidades federativas y la Mesa Nacional de la Estrategia. Con base en la evaluación de riesgos de cada caso se establece el esquema de protección, indicó la secretaria.
Las y los candidatos a gubernaturas y diputaciones federales son protegidos por el Gobierno de México mientras que los aspirantes a otros cargos reciben el apoyo de las autoridades estatales en coordinación con el gobierno federal y los municipales.
“Cada caso es diferente y requiere atención especializada. El seguimiento de todos y cada uno de ellos ha implicado conjuntar esfuerzos para dar resultados concretos. (…) Queremos que los candidatos y candidatas realicen sus actividades con normalidad”, apuntó.
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