La diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena, subrayó la necesidad de dotar de un marco jurídico que impulse el acceso a servicios financieros para personas con alguna discapacidad.
En ese sentido, presentó una iniciativa de reforma los artículos 7, 10 y 11 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con el propósito de fomentar y promover el acceso a financiamientos para las MiPyMES, en igualdad de oportunidad para hombres, mujeres, incluidas personas con discapacidades.
Además de enfocar los esfuerzos a nivel regional, estatal y municipal, con el objeto de garantizar la igualdad de acceso tanto para hombres, mujeres y personas con algún tipo de discapacidad, así como promover esquemas que faciliten el financiamiento público y privado con especial énfasis para mujeres y personas con alguna discapacidad.
Nohemí Alemán apuntó que al igual que el resto de la población económica, las personas con diversidad funcional también pueden ser sujetos económicos activos y emprendedores, sin embargo, un emprendedor con discapacidad se enfrenta a mayores obstáculos para poder materializar sus proyectos, entre ellos el acceso a créditos.
“En Morena, sabemos que las personas con discapacidad a menudo enfrentan barreras que limitan su participación y les impiden disfrutar la igualdad de oportunidades”, indicó.
Bajo esa óptica, comentó que con los apoyos crediticios, el número de emprendedores con alguna discapacidad se incrementaría y tendría como consecuencia una mayor autonomía para este sector de la población.
Expresó que para lograr este objetivo es necesario armonizar los ordenamientos jurídicos vigentes y aclaró que “el crédito no es una dádiva ni un favor, sino un componente esencial del circuito económico capitalista, al que las personas con alguna discapacidad deben tener derecho”.
Argumentó que en el mundo hay cerca de 650 millones de personas que viven con alguna discapacidad y en México se calcula que esta población se integra por cerca de 7.5 millones, es decir 6 por ciento de la población general, que “padecen la discriminación financiera”.
Esto a pesar de que en el país la Ley General para Prevenir y Eliminar la Discriminación ya estipula el acceso a servicios financieros para personas con discapacidad, esto es insuficiente indicó, sino se promueve el efectivo acceso a estos créditos y se dota de un marco jurídico robusto para lograrlo.
Asimismo, la diputada por Tamaulipas explicó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en sus recomendaciones del informe anual 2018, advirtió que el goce y ejercicio de las personas con discapacidad al acceso de servicios financieros, debe reflejarse en la obtención de créditos, seguros de vida y cuentas bancarias sin discriminación.
Discussion about this post