Cecilia Sánchez García, senadora por Campeche, expuso que funcionarios de Pemex obligaron a personal de los talleres ubicados en el km 4.5, en Ciudad del Carmen, a presentarse a trabajar a pesar de haber resultado positivos en las diagnósticas de COVID-19, lo que ocasionó que el 15 de junio de 2021 Ana María Domínguez, que había reportado síntomas de coronavirus en días anteriores, fuera trasladada de las instalaciones petroleras al Hospital, donde perdió la vida por el virus una semana después.
De acuerdo con las denuncias de diversos trabajadores, Luis Fernando Cancino Payró, subdirector adscrito a la Superintendencia de Administración Patrimonial Costa Afuera; José Manuel Uscanga Sánchez, Superintendente de Servicios Corporativos, y Faustino Cobos Lozano, SPA Unidad Regional de Servicios Corporativos Marina, son los responsables de poner en riesgo la salud y la vida de trabajadores de Pemex, pues los obligan a presentarse aún con síntomas de COVID-19.
La senadora Sánchez García señaló que estos personajes -por actuación u omisión- son los responsables de la muerte de Ana María y de otros dos trabajadores, Sergio Alfonso Peralta Vargas, trabajador doméstico (compañero de Ana María) y Lesly del Carmen Notario Ruiz, del departamento de contra incendios.
Asimismo, en el punto de acuerdo que presentó ante la Comisión Permanente, la senadora cuestionó la actuación de los líderes sindicales Víctor Hernández Colunga quien es secretario general de la sección 47 y discípulo de Víctor Kidnie, quienes se han distinguido por su ausencia durante la pandemia y sólo han aparecido en eventos de campaña del PRI.
Apuntó que son ellos los responsables de vigilar que se respeten los derechos de los trabajadores, sobre todo los más elementales que son la vida y la salud, sin embargo, expuso que no es de extrañarse que una vez más encubran a funcionarios, pues aparentemente ellos impulsaron a Cancino Payró por el parentesco que existe entre el jefe directo de Ana María y el secretario general de la sección 47.
Por tanto, la senadora petrolera Cecilia Sánchez, propuso a la Comisión Permanente que la Secretaría de la Función Pública investigue y sancione de manera ejemplar a los servidores públicos involucrados. Asimismo, propuso solicitar a Pemex un informe sobre las anomalías en la implementación de las medidas para prevenir la COVID-19.
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