A 10 años de la entrada en vigor de la Ley para combatir la trata de personas, es necesario actualizar este marco normativo con el fin de establecer mecanismos que profundicen la cooperación internacional para erradicar esta forma de esclavitud moderna, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila.
En la inauguración del foro “Hacia los diez años de la ley contra la trata de personas, desafíos, retos y perspectivas”, Monreal Ávila destacó que la pandemia recrudeció en todo el mundo este “incalificable crimen”, pero en América Latina aumentó su incidencia de “manera brutal”, hecho que implica mayores retos para su atención y seguimiento.
De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, hay más de 50 millones de personas en estas condiciones al rededor del mundo, donde siete de cada 10 víctimas son mujeres y tres de cada 10 son niñas y niños.
La delincuencia organizada trasnacional, advirtió el legislador, aprovecha las condiciones, el engaño y la vulnerabilidad de las personas para obligarlas a realizar trabajos sexuales, extraer sus órganos o cometer otros ilícitos.
Por ello, debemos persistir y actualizar nuestra estrategia contra las nuevas formas de esclavitud que siguen vulnerando los derechos humanos y, como sociedad, estar alertas e informados para evitar ser víctimas y denunciar cuando seamos testigos, así como no consumir bienes y servicios provenientes de la trata de personas.
En el evento, Ricardo Monreal se refirió al tema de la declaratoria de procedencia relacionada con los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo: en el Senado de la República, enfatizó, no se va a proteger a nadie y “no vamos a permitir ninguna impunidad en el Congreso de la Unión”.
El líder de la mayoría legislativa en la Cámara de Senadores afirmó que no se encubrirá a nadie, pero se cuidará la ley, la presunción de inocencia y se actuará en consecuencia. “Morena acompañará en todos los trámites, las decisiones pertinentes en beneficio de la justicia para que nadie quede impune”, aseguró.
Adelantó que mañana se reúne la Primera Comisión para analizar llevar a cabo un nuevo periodo extraordinario y plantearlo a la Comisión Permanente el próximo lunes o martes, a efecto de convocarlo inmediatamente.
Tardaremos ocho o nueve días para tratar este tema, “doy mi palabra, no se va a dar carpetazo a nadie, estamos haciendo nuestro trabajo, son tiempo del Congreso, por eso solicito su respeto”.
En tanto, la organizadora del foro, la senadora María Celeste Sánchez Sugía manifestó que el objetivo del foro es construir un camino sólido para generar los cambios legislativos necesarios para combatir y erradicar la trata de personas en México.
Es necesario, asentó la legisladora de Morena, aprender de las experiencias de las víctimas y convertirlas en medidas concretas que nos permitan elaborar estrategias más eficaces contra este delito.
Por su parte, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, dijo que más allá de la reforma a la Ley, es necesario que el Congreso adopte medidas firmes en la materia.
A diez años de su entrada en vigor, advirtió que es necesario impulsar una iniciativa que defina claramente el delito de trata de personas, diferenciándolo de delitos relativos a la explotación, lo que permitiría enfrentar los altos niveles de injusticia e impunidad en las distintas modalidades que adopta este ilícito.
Son muchos los vacíos que todavía tiene la Ley, uno de ellos es la atención a los refugios privados, ya que no existe ningún vínculo que obligue a estos albergues a someterse a ningún tipo de supervisión.
Asimismo, dijo que se deben atender los temas de cooptación, transporte, traslado, recepción que se ejercen fundamentalmente, a partir de la amenaza del uso de la fuerza, el rapto, la desaparición forzada, el fraude, engaño, abuso de poder y abuso de situaciones de vulnerabilidad de las víctimas.
Precisó que el 43 por ciento de los métodos de enganche hasta ahora registrados, obedecen a ofertas de trabajo; 28 por ciento a enamoramiento; 12 por ciento están vinculados con promesas de ayuda; siete por ciento a privación de la libertad; cinco por ciento a recepción de pagos para obtener el consentimiento; tres por ciento al uso de substancias y drogas; y el dos por ciento a promesas de superación personal.
Encinas Rodríguez lamentó que se haya excluido del Periodo Extraordinario de Sesiones el asunto del desafuero del diputado Saúl Huerta, acusado de violación y abuso sexual, “lo cual -dijo- envía una señal contradictoria, muy negativa, porque nosotros debemos ser los principales interesados en erradicar este tipo de prácticas ilícitas, más desde el servicio público o la representación popular”.
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), advirtió que entre los mecanismos que utilizan los delincuentes para financiar estos crímenes no implican sólo el flujo de efectivo, sino que en muchas ocasiones generan empresas fachada y los consumidores realizan transferencias por otro tipo de conceptos.
A la vez, estas compañías pagan sueldos y salarios a los grupos delictivos que vigilan a niñas, niños y a jovencitas.
“México tiene una enorme deuda con niñas y niños por lo que debemos crear espacios en los centros turísticos, para tener mayor control sobre este tipo de actividades que lesionan la dignidad de las personas”, dijo.
En evento a distancia participaron, senadores, funcionarios y especialistas, quienes dialogaron sobre logros, desafíos y perspectivas de la Ley de Trata de Personas para los próximos años.
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