Al clausurar el foro “Reforma constitucional y pueblos indígenas y afromexicanos”, la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, aseguró que hay “una oportunidad extraordinaria para abrazar la lucha” por las comunidades originarias, con la certidumbre de que sus causas no pueden ni deben ser vistas como bandera partidista, sino como un acto de justicia.
Y con ello, agregó, reivindicar a los más de 23 millones de mexicanos y mexicanas indígenas, y casi millón y medio de afromexicanos y afromexicanas.
En este contexto, Sánchez Cordero aseguró que el Senado de la República es la vía idónea para analizar los avances y trazar metas en materia de reconocimiento constitucional de estos pueblos originarios, de la pluriculturalidad de la nación y de la progresividad de sus derechos, y para que estos se hagan realidad.
No obstante, reconoció que estos derechos sólo se pueden ejercer cuando hay una armonización legislativa, con leyes secundarias que “den vida a la Constitución” y con el entendido de que la nación mexicana es una e indivisible, y que México es pluricultural.
Al mismo tiempo, subrayó que en este foro se presentaron una serie de políticas públicas que, desde el Poder Ejecutivo pero más desde el Legislativo, se deben realizar, pues se ha reconocido que es una desgracia que los pueblos originarios vivan desde hace siglos en la opresión, racismo, pobreza y marginación.
Por todo esto, dijo la legisladora, está convencida de la importancia de los procesos legislativos; y consideró que hay consenso para que esta reforma constitucional sea aprobada por unanimidad en las cámaras del Congreso y en las entidades legislativas, sin distinción de colores ni posiciones políticas, porque es un tema en el que no deben existir divisiones y se tiene que avanzar en una sola dirección.
Asimismo, recordó que en el último año, en el Senado se presentaron dos iniciativas orientadas al reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos, mediante su integración en marcos normativos para mejorar los mecanismos de auto adscripción indígena o afromexicana y para avanzar en la definición de un sistema de consulta confiable y legitima.
Finalmente, la senadora se comprometió a hablar con la Consejería Jurídica y la Secretaría de Gobernación, para que avance la reforma “y para que revisemos a profundidad las propuestas legislativas y la propuesta de modificación constitucional, para que beneficien a los pueblos originarios del país y estén encaminadas a una justicia social, que responda a la deuda histórica que se tiene con estos pueblos.
El presidente de la Comisión de la Reforma Agraria, Ángel García Yáñez, sostuvo que la Comisión trabaja en una reforma a la Ley Agraria, para incorporar la protección de las tierras de comunidades y pueblos indígenas y afromexicanas, en congruencia con el contenido del informe de la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2018.
La propuesta, agregó, contempla disposiciones sobre las tierras que, ya sea en forma de ejido o de comunidad, integran el patrimonio histórico y antropológico de comunidades afromexicanas e indígenas del país, de conformidad con el artículo 2º constitucional.
Nestora Salgado García, senadora de Morena, recordó que en 2019 el Senado aprobó una reforma constitucional para reconocer a los pueblos y comunidades afroamericanas como parte de la composición pluricultural de la nación, a fin de garantizar su libre determinación y autonomía desarrollo e inclusión social. Fue uno de los principales retos del inicio de la LXIV Legislatura en 2018, dijo, para responder a una demanda histórica de los pueblos originarios de México.
Sin embargo, consideró que se debe legislar para establecer un sistema educativo que imparta clases en sus propios idiomas, acorde con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje, y que garantice el acceso a una educación, pero sobre todo “es necesario construir una sociedad con un enfoque de derechos”, que termine con la discriminación hacia los pueblos indígenas.
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