Senadores, especialistas y representantes de asociaciones civiles analizaron las normas de derecho civil, familiar y procesal vigentes en México y en distintos países de la región, que afectan las garantías de igualdad y de protección de las mujeres.
Coincidieron en que las legislaciones deben modificarse para garantizar los derechos de las mujeres y evitar que continúe la aplicación de normas que las violenten en algún aspecto de su vida.
Durante el foro “Derecho civil y familiar discriminatorio en América Latina: hacia un nuevo marco normativo orientado a prevenir la violencia contra las mujeres”, destacaron que es necesario avanzar hacia nuevos marcos jurídicos que permitan prevenir, atender, proteger y erradicar la violencia en contra de ese sector poblacional.
La senadora Olga Sánchez Cordero expuso que el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que se diseña en el Senado de la República, atenderá la justicia cotidiana y homologará los procesos como divorcios, intestados, actas de nacimiento, entre otros, en las 32 entidades federativas.
Es necesario, agregó, que el nuevo ordenamiento contenga perspectiva de derechos humanos, de género, que atienda las violencias en contra de las mujeres, “que propicie un proceso de consultas externas, y estamos conociendo la opinión de las y los juzgadores”.
Refirió que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 66 por ciento de las mexicanas mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia emocional, físico, sexual o económico a lo largo de su vida, de esa cifra, 30 por ciento señaló que el responsable fue su pareja.
La presidenta de la Comisión de Justicia recordó que hace 55 años había leyes que establecían que la mujer no era la administradora de la sociedad conyugal, siempre era el hombre, eso implicaba que él cónyuge tenía la posibilidad de ejercer violencia económica en esta área.
Además, se concedía que el marido decidiera el domicilio conyugal, y la mujer tenía que aceptarlo, sólo podía rehusarse si era un lugar insalubre; dijo que esas normas generaban que se pudiera violentar la convivencia familiar.
La senadora Claudia Edith Anaya Mota coincidió en que el próximo Código Nacional de Procedimientos Penales debe contemplar procesos simplificados, porque, dijo, es un tema fundamental; además consideró que también debe tener procesos que sean garantías de los derechos humanos de las mujeres.
“Si esto se logra integrar en el Código Civil, con las experiencias exitosas de los estados y de la región, se logrará dar un gran paso para las mujeres”.
La legisladora del PRI comentó que otro de los problemas prioritarios al que se enfrenta este género es que si no hay justicia no hay verdad y reparación del daño, entonces se trunca la verdad y felicidad de las mujeres.
Sylvia Mesa Peluffo, experta del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, dijo que los países que participan en esta convención deben aplicar la debida diligencia que implica adoptar legislaciones que aseguren la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.
Lo anterior, a fin de prevenir casos de violencia contra ellas por razones de género, e incluir la derogación de normas contrarias a dichos objetivos.
Agregó que, de acuerdo con el informe anual de este organismo, que analizó legislaciones de 17 países, encontró que en algunos estados no permiten a las mujeres viudas se puedan casar antes de 300 días y no existe alguna norma parecida para los hombres, lo que puede ser discriminatorio.
Respecto a las responsabilidades compartidas en el hogar, señaló que pocas leyes mencionan que las tareas domésticas deben ser compartidas, por lo que en general estas son realizadas por las mujeres y sin remuneración alguna.
En tanto, Miguel Ángel González Muñoz, coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres, en el tema de responsabilidades compartidas, señaló que trabajan en colaboración con ONU Mujeres para generar insumos, para que desde el poder legislativo se pueda presentar una iniciativa de una ley de cuidados.
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