Con 444 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a fin de coordinar esfuerzos entre el sector público y privado para garantizar a las personas adultas mayores la protección de su integridad y dignidad, así como el acceso a una vida con calidad.
La diputada Socorro Irma Andazola Gómez, integrante de la bancada de Morena expresó que propuesta pretende afianzar el acceso a un empleo digno remunerado y, sobre todo, con las prestaciones que establece la ley en la materia, permitiendo que las y los adultos mayores se desarrollen en los distintos roles laborales.
Desde tribuna manifestó que esta reforma responde a una de las mayores problemáticas a las que se enfrentan las personas adultas mayores. El acceso restringido al trabajo y a una vida digna, lo que impide su pleno desarrollo e integración social.
Refirió que en México residen 15.4 millones de personas de 60 años o más, conforme lo han expuesto datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Población, para 2050 habitarán en el país cerca de 32.4 millones de personas de 60 años o más.
“Lo anterior indica un crecimiento exponencial de la población adulta mayor en los próximos años y la necesidad de contar con las políticas públicas y los programas en los que converjan esfuerzos, tanto del sector público y social, como del sector privado”, expuso.
Agregó que con dichos esfuerzos se podrán crear entornos que propicien una mejor calidad de vida para las personas adultas mayores. “La concentración de una alianza de trabajo entre el sector público, privado y de la ciudadanía permitirá responder eficazmente a las necesidades de este grupo poblacional”.
Andazola Gómez mencionó que ante el panorama del envejecimiento de la población, resulta primordial mantener la temática de los derechos de los adultos mayores en la agenda nacional, “tal como lo ha estado haciendo hasta ahora el Gobierno federal, para diseñar e implementar políticas públicas que involucren la participación de los diversos sectores de la sociedad”.
En ese sentido, se pronunció “a favor de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de este grupo social que mucho tiempo ha sido discriminado y colocado en un estado de mayor vulnerabilidad”.
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