El Gobierno de México cuenta con un gran avance en materia de normativas para adolescentes en conflicto con la ley; se dejó atrás la postura de considerarles menores infractores que debían ser reformados y lo que se busca ahora es su reinserción social, señaló la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva (SE) del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) adscrita a la Secretaría de Gobernación, Constanza Tort San Román.
Al presidir la Sesión Permanente de la Comisión de Secretarías Ejecutivas de Protección Integral de los Sistemas Nacional y de las Entidades Federativas, la servidora pública habló sobre la detección y prevención del reclutamiento de esta población etaria por parte de la delincuencia organizada o de grupos armados o delincuenciales.
Durante la sesión se informó que, según cifras del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en julio del 2022, la población adolescente con medidas privativas de la libertad ascendía a 5 mil 560 a nivel nacional, de quienes 470 (7 por ciento) eran mujeres y 5 mil 090 (93 por ciento), hombres; y de este grupo poblacional, 3 mil 079 (55 por ciento) tenían entre 14 y 17 años de edad y 101 (2 por ciento) pertenecían al grupo de 12 y 13 años.
Tort San Román destacó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reiteró que los factores estructurales como la desigualdad y el rezago social propician que esta población esté más expuesta al reclutamiento por parte del crimen organizado o por grupos armados o delincuenciales, y para contrarrestar la violencia –afirmó– se debe tener como eje rector la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Finalmente, indicó que aunque no hay un conteo oficial sobre el reclutamiento de menores de 18 años, existen organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la problemática y coinciden en que la población afectada alcanza cifras de 35 mil a 45 mil niñas, niños y adolescentes que son víctimas de toda clase de violencias, aunado a que se les obliga a realizar conductas que los deshumanizan, y a pesar de que puedan escapar y reinsertarse en la sociedad, les dejan marcas físicas y emocionales imborrables.
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