Al término de la conferencia matutina y por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, informó sobre el caso Ayotzinapa, y llamó a las madres y los padres de familia, y a los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, para que tengan confianza que esta investigación continuará e irá a fondo.
“A ocho años de este caso, no se cierra la investigación, no hay marcha atrás para ir a fondo y garantizar el derecho a la verdad y a la justicia que asiste a los muchachos, sus familiares y la sociedad. Se han dicho muchas barbaridades producto del dolo, de la ignorancia y de la mala fe, y por supuesto que nosotros estaremos siempre dispuestos a esclarecer estos hechos”, reafirmó.
Por ello –dijo– con motivo de la jornada nacional de lucha que llevan a cabo los padres y madres de los estudiantes desparecidos, el Gobierno de México refrenda que existen todas las garantías y condiciones para que movilizaciones como las que hasta ahora se han venido llevando a cabo, se desarrollen sin ninguna limitación.
En el Salón de la Tesorería en Palacio Nacional, en su calidad de presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, Encinas Rodríguez llamó a no efectuar actos de provocación y deslindó la presencia y actividad de las madres y los padres de quienes realizan estos actos.
Reconoció la legitimidad de las demandas de las madres y padres de familia en torno a la exigencia de la búsqueda de sus hijos, incluida la presunción de vida, a pesar de no contar con indicios de ello, así como para exigir que se cumplimenten las órdenes de aprehensión, “que en muchos casos serán más que las 46 que hemos señalado por la investigación ministerial que está llevando la Fiscalía General de la República”.
Detalló que la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa ha aportado más de 45 mil documentos, y que hasta el momento se han emitido 121 resoluciones judiciales absolutorias a las personas responsables de haber perpetrado los hechos de la desaparición, algunas de las cuales, no tienen derecho a la libertad porque cuentan con otros procesos abiertos.
No obstante, abundó que se ha liberado a 77 personas que fueron víctimas de tortura, incluso, a algunos de los responsables de la desaparición, particularmente a los policías municipales, “todas estas libertades se han fincado en los malos procedimientos que la entonces Procuraduría General de la República a través de la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada)”, precisó.
El subsecretario aclaró que el informe que presentó el pasado 18 de agosto la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, solo es una parte del conjunto de la investigación. “Nosotros no somos autoridad ministerial, no somos policías. Alguien dijo, se atrevió a decir que estábamos replicando las mismas labores de búsqueda que realizó Tomás Zerón (quien fuera titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República) en campo, cuando lo que hizo él es ir a un lugar donde presumimos, hubo alteración de pruebas”.
Al respecto, el subsecretario Alejandro Encinas dejó claro que todas las diligencias de búsqueda en campo están encabezadas, ya sea por la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el CasoAyotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR), o en otros casos por las fiscalías especializadas en desaparición de personas, además de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) e incluso, por la Fiscalía General del Estado de Guerrero, que son las autoridades ministeriales encargadas de hacer la investigación. “El acompañamiento que hacemos la comisión y las instituciones del gobierno federal es logístico y de seguridad”, puntualizó.
En este sentido, refrendó el compromiso con la verdad, el esclarecimiento de los hechos, la búsqueda para conocer el paradero de los estudiantes desaparecidos y generar las condiciones para que la FGR, a través de su unidad especial, judicialice y procese a los responsables de estos hechos.
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