En la LXIV legislatura, el Senado de la República cumplió con su compromiso de actualizar la Constitución, expedir nuevas leyes y aprobar reformas para atender las demandas de la población en materia de justicia, trabajo, educación, seguridad, combate a la corrupción, eliminación de privilegios, salud y bienestar.
Así, se cumplieron los compromisos de aprobar los cambios legislativos prioritarios, mismos que se plantearon al inicio de este gobierno, para revertir reformas antipopulares de pasadas administraciones y establecer las bases de la Cuarta Transformación.
Durante los últimos días, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, trabajó con la Secretaría General de Servicios Parlamentarios la integración del informe, que se compartirá con los miembros de la Jucopo, la Mesa Directiva y los integrantes de la Cámara de Senadores.
En este balance sobre los asuntos aprobados por la LXIV Legislatura, se da cuenta que, del 1 de septiembre de 2018 al 30 de abril de 2021, se aprobaron 377 reformas por materia: 54 de ellas para la organización gubernamental, 51 relacionadas con justicia, 48 sobre desarrollo social y económico, 48 de derechos humanos y 43 relativas a seguridad.
En materia de trabajo y previsión social, en este periodo se avalaron 35 cambios: sobre salud fueron 30, en educación y cultura 29, relacionados con medio ambiente 21 y sobre asuntos de bienestar 18.
Además, se aprobaron 30 reformas constitucionales: 11 sobre justicia, seis para la organización gubernamental, cinco en materia de derechos humanos, cinco en seguridad, y para educación, salud y medio ambiente, una, respectivamente.
Así como 30 leyes de nueva creación: seis en desarrollo social y económico, seis en justicia, cinco en materia de organización gubernamental, cinco relacionadas con educación y cultura, cuatro sobre seguridad, dos en derechos humanos, una en bienestar y una en salud.
Entre los temas relevantes destacan la reforma constitucional para elevar a rango constitucional los programas sociales, la reforma al Poder Judicial, las modificaciones en materia de hidrocarburos y a la industria eléctrica, la inclusión de la corrupción, el robo de hidrocarburos, los feminicidios y el uso de programas sociales con fines electorales como delitos graves.
Además, de la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, así como los cambios sobre justicia cívica y extinción de dominio.
En este periodo, el Senado también aprobó la creación de la Guardia Nacional, la prohibición de la condonación de impuestos, la extinción de fideicomisos, las reformas para el combate a empresas fantasmas y facturas falsas, la regulación de la subcontratación y sobre libertad sindical.
Del mismo modo, se concretaron demandas sociales para avanzar en los derechos de las mujeres, entre las modificaciones relevantes están la incorporación de la paridad de género en cargos públicos, así como la tipificación de la violencia política por razones de género y la violencia digital y mediática en contra de las mujeres.
Las y los senadores expidieron una nueva legislación para fortalecer el trabajo de los docentes, además de establecer en la Carta Magna la gratuidad de la educación superior.
Otros cambios relevantes fueron la imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores y la prohibición del castigo corporal a niños, niñas y adolescentes, así como los que garantizan el libre tránsito en las playas, las modificaciones sobre la consulta popular, revocación de mandato, acotación del fuero presidencial y de legisladores federales o para la eliminación de la partida secreta.
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