Senadoras y senadores de Morena impulsan una reforma constitucional para establecer que corresponde al Estado la protección del derecho a un medio ambiente sano y que las acciones que deriven en la pérdida de biodiversidad o que alteren la integridad de los procesos ecosistémicos generarán responsabilidad para quien las provoque.
En la iniciativa que enlistaron en la Gaceta Parlamentaria, los legisladores propusieron reformar la Constitución Política para que los pueblos indígenas, afromexicanos y las comunidades locales tendrán prioridad en el acceso y uso sustentable de los servicios provistos por el ambiente en el territorio del que sean originarios.
Precisan que el Estado debe establecer los mecanismos para una distribución equitativa de los beneficios que provee el ambiente.
Además, plantearon que el apoyo e impulso a las empresas de los sectores social y privado de la economía, deberán sujetarse a la conservación del patrimonio biocultural y al fortalecimiento de la resiliencia de los socioecosistemas en donde se desarrollen actividades productivas.
En el proyecto, que reforma los artículos 4 y 25 de la Carta Magna, fue suscrita por las senadoras Susana Harp Iturribarría, Rocío Abreu Artiñano y Antares Vázquez Alatorre; y los senadores Gerardo Novelo Osuna, José Luis Pech Várguez y Cruz Pérez Cuellar; así como la senadora con licencia, Alejandra León Gastélum.
Instaurar el reconocimiento de la biodiversidad a nivel constitucional, así como la obligación de mantener la integridad de procesos ecosistémicos, es una manera de reforzar la responsabilidad del Estado con el ambiente y su preservación.
Los senadores consideraron que el modelo actual de desarrollo impacta los ecosistemas de manera directa y genera pobreza y desigualdad.
Por tal motivo, destacan que es necesario que el Senado dote al Estado y a sus instituciones con instrumentos adecuados para garantizar el respeto al derecho a un medio ambiente sano y para impulsar un desarrollo sustentable integral y coordinado entre todos los niveles de gobierno.
“Se trata de consolidar un andamiaje normativo e institucional que permita el reconocimiento e importancia de fomentar la resiliencia de los ecosistemas y de la sociedad, desde una perspectiva integral”, asentaron los senadores de Morena.
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