El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los presuntos actos de corrupción en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) se investigan bajo la política de cero impunidad.
“No hay impunidad para nadie ni para mis hijos ni para mi familia ni para nadie. El que cometa un delito y, sobre todo, un acto de corrupción, tiene que ser castigado, sea quien sea, porque la gente fue la que nos puso aquí”, expresó.
Al encabezar la conferencia de prensa matutina, el mandatario señaló que, a diferencia de sexenios anteriores, el distintivo del Gobierno de México es rendir cuentas al pueblo y erradicar la corrupción.
El secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, informó que hay 38 denuncias sobre presuntas irregularidades en el funcionamiento de Liconsa, Diconsa y Segalmex; fueron presentadas por instancias gubernamentales y se encuentran en la Fiscalía General de la República.
“Las denuncias penales presentadas están en etapa de investigación con miras a su judicialización. Principalmente, las denuncias son por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades; las carpetas de investigación se están integrando bajo la óptica de delincuencia organizada”, apuntó.
A la fecha, un servidor público fue vinculado a proceso por invertir 950 millones de pesos, mediante intermediarios financieros, en instrumentos de alto riesgo. Este procedimiento se realizó sin respetar la normativa vigente y sin consultar al jefe del Ejecutivo.
El capital fue recuperado en su totalidad y los intereses generados están en proceso de determinación para que sean totalmente reintegrados.
“¿Qué se hizo de inmediato? Recuperar el dinero, esta parte del dinero porque supuestamente ya se hacía y era una financiera seria, responsable; di la instrucción al secretario de Hacienda, todavía estaba Arturo Herrera, que se hablara, no solo con la financiera sino con los que avalan esos créditos que son bancos, que tienen una corresponsabilidad, y se logró que interviniera la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”, agregó.
Actualmente, un grupo de trabajo interinstitucional integrado por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recaba evidencias que integran investigaciones en curso, mismas que podrían ser puestas a disposición del Poder Judicial y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
El titular de la SFP mencionó que, en el ámbito administrativo, se tienen abiertos 618 expedientes por presuntas responsabilidades, de las cuales 38 están vinculadas con las denuncias presentadas.
En tanto, se corregirán los actos de presunta corrupción de algunos servidores públicos que ocasionaron la desarticulación de Liconsa, Diconsa y Segalmex a través del cambio de estructura administrativa.
“Se ha renovado toda la estructura de mando. Los cambios de mandos directivos y de personal de las tres entidades se enfocan en la integración de equipos de trabajo proactivos para mejorar los controles internos, la operación y la rendición de cuentas”, explicó el funcionario.
La actuación a seguir consiste en:
Robustecer los sistemas de control interno y supervisión para erradicar conductas nocivas.
- Armonizar la actuación de las tres instituciones y alinear sus competencias y atribuciones.
- Modernizar el equipamiento y los sistemas informáticos de los centros de acopio.
- Fortalecer el control de los inventarios de mercancías en almacenes centrales y rurales.
- Actualizar y gestionar los padrones de productores, concesionarios, distribuidores y beneficiarios.
La Secretaría de la Función Pública practicó 84 actos de fiscalización desde la creación de Segalmex en 2019 y hasta el cierre de 2021; incluyen auditorías, visitas y verificaciones con montos observados por 6 mil 52.3 millones de pesos.
La ASF, con motivo de la revisión de la cuenta pública 2020, promovió diversas acciones en Liconsa, Diconsa y Segalmex que, en conjunto, incluyeron 22 pliegos de observaciones por 3 mil 465.8 millones de pesos.
“Los montos observados por ambas instituciones ascienden a 9 mil 500 millones. Es importante aclarar, cuando se habla en fiscalización de montos observados debe entenderse como lo que no está perfeccionado en el expediente o en el debido proceso normativo. Lo observado no es necesariamente sinónimo de daño patrimonial, sino de aclaraciones de documentación y, en su caso, recuperación”, explicó.
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