El coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, llamó a dejar atrás el sistema migratorio restrictivo y rígido, para transitar hacia una reforma integral en ambos lados de la frontera, que permita alcanzar una migración segura, ordenada y regular.
Advirtió que “cada una de las partes involucradas necesita mirar el problema desde dentro”, ya que mientras exista precariedad en los países de origen, el impacto seguirá teniendo repercusiones cada vez mayores a nivel regional.
En un artículo que publicó en su página oficial sobre “El fenómeno migratorio: ¿círculo vicioso?”, el senador señaló que en el tema persiste la polarización, discriminación, falta de presupuesto a programas específicos y que ninguna política pública de asilo o refugio sea suficiente.
Pero mientras esto sucede, alertó, la situación de las y los menores no acompañados da cuenta de que el escenario de la movilidad de personas entre países se sigue agravando.
El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense reportó que entre 2003 y 2020 más de 400 mil menores han cruzado la frontera México-Estados Unidos, en busca de asilo o para reencontrarse con algún familiar, lo que significa un incremento sin precedente de este problema en comparación con las últimas dos décadas.
Cabe destacar, agregó Ricardo Monreal, que 80 por ciento de los menores provienen del Triángulo Norte de Centroamérica -Guatemala, Honduras y El Salvador- y tienen familiares en Estados Unidos. Además, 40 por ciento de ellos tiene a uno de sus padres en ese país.
El aumento de estos menores en ambos lados de la frontera México- estadounidense muestra que las problemáticas y las razones para tomar la decisión de dejar el país de nacimiento no han sido contenidas con éxito:
“La falta de oportunidades económicas, de acceso a la educación, la incertidumbre de una vida segura y la nula movilidad social siguen siendo una constante”, enfatizó el líder de la mayoría legislativa en el Senado.
La organización Sin Fronteras ha puntualizado la responsabilidad de ambos gobiernos para alcanzar una frontera inteligente, con el mejoramiento de la tecnología y la protección de las comunidades fronterizas, así como el combate a las organizaciones delictivas.
Del lado académico, la conclusión es similar, especialistas de El Colegio de México recomiendan replantear la condición de asilo, fortalecer las instituciones migratorias y desarrollar un enfoque regional para enfrentar las redes de contrabando.
Así como crear vías legales para la migración y gestionar entre los gobiernos de México y Estados Unidos una agenda migratoria de largo plazo, que permita la transición hacia una política migratoria legal y sostenible, proinmigrante, que deje de utilizar el sistema de asilo como esquema de inmigración.
En este sentido, Monreal Ávila asentó que la reforma migratoria debe ser integral en ambos lados de las fronteras.
Para ello se requiere de medidas que fortalezcan las estructuras institucionales y de política pública, que por años no han tenido la planificación adecuada y han recrudecido el círculo vicioso en torno a la migración irregular.
El senador reconoció que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está comprometido a trabajar de manera conjunta con la administración estadounidense, a favor de niñas, niños y adolescentes migrantes, pues “es la obligación moral y legal del Estado mexicano velar por su seguridad y garantizar su bienestar”.
Las acciones deben tomarse de manera regional, continuó el legislador, toda vez que se requiere garantizar los derechos humanos e implementar estrategias para que las personas puedan acceder a oportunidades de desarrollo en sus países de origen.
Por lo pronto, dijo, es de celebrar la reunión entre funcionarios de México y Estados Unidos para abordar la problemática con la finalidad de avanzar hacia una estrategia común, que aborde las causas fundamentales de este fenómeno regional recurrente, que “no empieza ni termina en la frontera sur de Estados Unidos”.
El objetivo, enfatizó el senador, se encamina hacia acuerdos para impulsar, en el corto plazo, un desarrollo económico inclusivo en el norte de Centroamérica que mitigue las causas de raíz detrás de los flujos migratorios en la región, así como el desarrollo del sur de México.
“Es decir, encarar el reto político, legislativo, logístico y moral que representan estos menores para los gobiernos centroamericanos, el mexicano y el estadounidense, y que pone a prueba la capacidad de transformar la situación hacia un círculo virtuoso que incida en el combate a la pobreza y la violencia en la región”, concluyó Ricardo Monreal Ávila.
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