Para registrar y evaluar los fondos que reciben organizaciones de la sociedad civil, que obtienen recursos económicos del extranjero a través de donaciones autorizadas, la senadora Nancy Sánchez Arredondo planteó reformar la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil y la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
La legisladora de Morena busca evitar la intervención de intereses particulares del exterior sobre la vida pública y política de México, con estricto apego a los principios de no intervención y libre determinación de los pueblos que rigen la política exterior de nuestro país.
Se trata, dijo, de un mecanismo para prevenir que se atente contra la libertad de decisión o de las instituciones, a través de estudios simulados o maquillados que afecten la efectividad de las políticas públicas aplicadas por el Ejecutivo Federal.
La iniciativa, que fue turnada a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores, propone impedir que dichos fondos se utilicen para injerir en asuntos estrictamente competentes del Estado Mexicano en cualquiera de sus tres poderes y niveles.
La senadora sugirió que los donativos deducibles en el extranjero deben ser reportados a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para su examinación y aprobación, a fin de realizar un exhaustivo ejercicio de transparencia en el origen y destino de los recursos obtenidos del exterior.
De esta forma, afirmó, se tendrá total claridad respecto a los productos, campañas, acciones o publicaciones que incurran en actos de injerencia de la vida pública y política de nuestro país desde terceros en el exterior.
Reiteró que las organizaciones que se encuentren bajo este supuesto, deberán notificar también a la UIF los recursos económicos obtenidos del extranjero, para efectos de seguimiento y evaluación que eviten la utilización de estos con fines de proselitismo partidista o político electoral.
Sánchez Arredondo consideró importante cortar este tipo de intervenciones que únicamente atentan contra la democracia y la libertad de México, pues “no debemos permitir que intereses externos se opongan a la transformación que vivimos”.
Esto, advirtió, se vuelve peligroso, sobre todo en tiempos de elección donde los ciudadanos son más susceptibles al contenido que se distribuye por distintos medios, lo cual se puede observar cómo manipulación del voto, lo que afecta los procesos democráticos y vulnera el Estado de Derecho.
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