A fin de evitar la corrupción, el dispendio de recursos y la discrecionalidad en el manejo del presupuesto de obras públicas, el senador Sergio Pérez Flores presentó una iniciativa para establecer un mecanismo que permita la participación de las y los ciudadanos en la obra de carácter social ejecutada por la comunidad.
Se trata, explicó el senador de Morena, no sólo de establecer en el texto de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas el concepto de obra social, sino un procedimiento específico, en el que se defina que las obras de carácter social son los proyectos ejecutados por las y los integrantes de una comunidad, organizados por medio de la Asamblea Comunitaria.
Y cuyo objeto es la ejecución de acciones tendientes a su mejora, mantenimiento, restitución, rehabilitación, rescate o establecimiento de la infraestructura, con beneficio de carácter colectivo, así como para el cuidado, mantenimiento y consolidación del tejido social en donde se realicen las obras.
En tribuna, Pérez Flores mencionó que existen muchos ejemplos de corrupción en la construcción de obra pública, como es el caso del “Paso Express” de Morelos, cuyo costo final se elevó a más del doble de lo contemplado: “de mil 50 millones presupuestados originalmente, subió a dos mil doscientos millones de pesos, de acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación”.
Señaló que el modelo de corrupción que está instaurado en nuestro país en la ejecución de obra pública ha llevado a la falsa creencia de que éstas sólo pueden realizarse por las empresas constructoras sin que puedan involucrarse las comunidades, con la participación de sus habitantes para resolver sus necesidades prioritarias.
“Esta visión, aunado a la falta de instrumentos legales, que permitan el acceso a las comunidades para la ejecución de obra pública de carácter social, ha dejado fuera a los integrantes de los pueblos, de los barrios, de las comunidades, grupos organizados, de vecinas y vecinos que requieren de la rehabilitación de espacios que son indispensables para el fortalecimiento del tejido social”.
La iniciativa, que fue turnada a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, plantea que las dependencias y entidades establezcan en sus estimaciones anuales de gasto, el monto de los recursos que se destinarán a obras y servicios de carácter social ejecutados por la comunidad, así como de la implementación de los mecanismos de seguimiento a la aplicación y ejecución del recurso.
Es decir, aclaró Pérez Flores, que la Administración Pública acompañe y supervise el ejercicio de las finanzas destinadas para este tipo de obras, a partir no sólo de su vigilancia, sino de la expedición y cumplimiento de las correspondientes reglas de operación, las cuales deberán establecer de forma enunciativa, más no limitativa, los derechos y obligaciones, procedimientos, marco de actuación, ejecución, verificación y sanciones.
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