La diputada Socorro Irma Andazola Gómez del Grupo Parlamentario de Morena presentó una reforma al Código Penal Federal para castigar con cárcel a quien compre, venda o falsifique y altere pruebas usadas para detectar contagios por infecciones relacionadas con emergencias sanitarias, como es el caso de la actual pandemia del virus SARS CoV-2.
En este sentido, la legisladora expresó ante el pleno de la Cámara de Diputados que la delincuencia común y la delincuencia organizada han aprovechado las debilidades que conciernen a este periodo de pandemia para beneficiarse a costa de la honestidad de las personas y en detrimento de su salud.
Manifestó que a medida que la pandemia de coronavirus se prolonga, la gente recurre al mercado negro para obtener pruebas de covid-19 negativas que les permitan viajar a otros países, por ejemplo.
“Se trata de la falsificación y comercialización de pruebas de detección de Covid-19 con resultado negativo o comprobantes de recuperación de la enfermedad, con el firme propósito de burlar los filtros que para tal fin se hayan implementado en diversos puntos, como en los aeropuertos, donde se requiere una mayor vigilancia para disminuir y, en su caso, erradicar la propagación del virus y la consecuente infección”, señaló.
La diputada por Baja California declaró que este fenómeno, detectado en la Unión Europea y en algunos países de América Latina, como Brasil y México, “es un atentado despreciable tanto a las normas sociales y jurídicas locales e internacionales, que debe ser castigado con más severidad pues en ello está de por medio la vida”.
En este orden de ideas, propuso reformar el Código Penal Federal para que, en el caso de epidemias y/o pandemias, quien a sabiendas de estar enfermo o pudiera estarlo de un mal o enfermedad en periodo infectante, y para burlar alguna autoridad adquiera algún comprobante o certificado falso de una prueba con resultado negativo, “será sancionado de 1 a 5 años de prisión y hasta 5 mil días-multa”.
Andazola Gómez agregó que en caso de que la enfermedad padecida tuviera la posibilidad de causar la muerte, se impondrá una pena de 3 a 7 años de prisión y hasta 7 mil días-multa.
En cuanto al delito de falsificación de cualquier tipo de comprobantes o certificados médicos de pruebas negativas para detectar contagio por alguna infección o enfermedad, si éste se realiza en el contexto de una emergencia sanitaria, se castigará, tratándose de documentos públicos, con prisión de 5 a 10 años y de 500 a 3 mil días-multa, y de 4 a 8 años y de 500 a 3 mil días-multa en el caso de documentos privados.
Además, comentó, si quien realiza la falsificación es un servidor público, la pena de que se trate se aumentará hasta en una mitad más.
“No es lo mismo cometer el delito de falsificar un documento administrativo, como por ejemplo un certificado de bachillerato o un título profesional, que de por sí también es un acto despreciable, pero falsificar y comerciar comprobantes que implican el peligro de muerte sólo para burlar a la autoridad y obtener beneficios o lucro, es una práctica vil y deshumanizada”, sentenció la diputada Socorro Irma Andazola.
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