El senador Ricardo Monreal llamó a no convertir a la Comisión Permanente en una “tribuna de trifulca o de desencuentros profundos”, por lo que dio a conocer que dialoga con los grupos parlamentarios para evitar prender la hoguera y quemar a personalidades públicas.
Lo más conveniente es seguir los cauces institucionales y no adelantar vísperas, por lo que, dijo, en el caso de la Línea 12 del Metro y otros temas, es necesario esperar a que los dictámenes técnicos salgan a la luz y que sea la autoridad la que determine”.
“Nosotros no debemos convertirnos en una tribuna de linchamiento ni de acusación, ni menos, vamos a prender la hoguera para quemar a personalidades públicas”.
En conferencia de prensa recordó que desde hace dos meses el uso de programas sociales con fines electorales es considerado un delito grave, por lo que no es extraño que el Presidente de la República haga uso de sus facultades para denunciar y evitar este tipo de prácticas.
Afirmó que con estas nuevas medidas se tendrá una de las elecciones más limpias en México, en la que no se utilicen recursos públicos para pervertir el derecho al voto libre y consciente.
A pregunta expresa sobre el caso de Nuevo León, señaló que el titular del Ejecutivo actuó ante la omisión de la autoridad, para hacer un recordatorio de que se trata de un delito grave y que no haya fraude en estas elecciones.
Hoy el Presidente denuncia este tipo de prácticas, haciendo uso de sus facultades y de su autoridad moral. Lo que señala es simple y sencillamente que se aplique la ley en contra de aquellos que perviertan la elección, al ofrecer tarjetas o programas a cambio del voto.
Monreal Ávila consideró que este llamado del Ejecutivo evitará que se usen recursos públicos y programas sociales con fines electorales, pues ya está catalogado como delito grave. Al visualizar lo que está sucediendo en Nuevo León los propios candidatos se cuidarán y no realizarán compra de votos.
Recordó que la actual Legislatura estableció en la Constitución y en las leyes correspondientes que el uso de programas sociales con fines electorales es un delito grave y el Ministerio Público puede solicitar prisión preventiva oficiosa en contra de quien lo cometa.
Este ilícito es del orden federal, tiene dos meses vigente y puede aplicarse a candidatas y candidatos que recurran a esta práctica para comprar votos, agregó.
En su opinión, ningún Ejecutivo debería meterse en las elecciones; sin embargo, aclaró, hay una profunda desigualdad y un ataque artero y sistemático en contra el Presidente todos los días, en casi todos los medios de comunicación.
El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena señaló que la elección está en un proceso de polarización creciente en la medida en que se acerca el día de las votaciones, pero es algo normal.
El senador expuso que las autoridades electorales tienen que sancionar en caso de que se demuestre y se compruebe a los acusados de este delito federal.
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