El objetivo de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva (ENEI) consiste en coordinar un conjunto de acciones para transformar el sistema educativo del país con enfoque socio-territorial, articuladas con perspectiva de derechos de niñez y adolescencia; unificadas e interseccionales, con diseño de planes, programas y proyectos para la atención integral; con igualdad de oportunidades de acuerdo con la edad, contexto y condición, y enfocadas en la erradicación de toda forma de discriminación.
La Ruta de Acciones y Acompañamiento para las Secretarías Ejecutivas (SE) de los Sistemas Estatales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), en materia de educación inclusiva, tiene el propósito de fortalecer acciones conjuntas en torno a elementos teóricos, conceptuales y operativos, para que sean comprendidos y aplicados en las dimensiones correspondientes a cada institución.
Así lo expresó el subdirector de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes de la SE del Sipinna nacional, adscrita a la Secretaría de Gobernación, Joaquín Torres Acosta, ante las y los integrantes de la Comisión de Secretarías Ejecutivas de Protección Integral de los Sistemas Nacional y de las Entidades Federativas.
Explicó que las fases de la ruta contemplan la conformación de figuras estatales relacionadas con la ENEI, el diseño de la agenda de trabajo, construcción de elementos teóricos e identificación de avances y retos, asesorías y capacitación, así como el documento interno de planeación con el diseño de acciones para la implementación de la estrategia en territorio, que se convierte en una guía para el trabajo con autoridades involucradas en su ejecución.
Comentó que el Documento de Planeación Estatal 2023, que elabora cada SE de la entidad federativa, incluye un cronograma de acciones puntuales y ajustes razonables para atender las Barreras para el aprendizaje y la participación (BAP), identificadas a corto y mediano plazo con indicadores de seguimiento.
Por último, subrayó que de esta forma se reforzarán los procesos que las entidades impulsen desde una perspectiva de construcción territorial en favor de los derechos de niñez y adolescencia; se asegura que las acciones se ajusten a las dimensiones operativas, teóricas y conceptuales enmarcadas en la ENEI y se identifican actividades corresponsables que disminuyan las BAP porque impiden el ejercicio del derecho a la educación de este sector de la población.
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