El presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez, señaló que la trata de personas es un delito que rebasa fronteras, y para hacerle frente en estos momentos se requiere actualizar el marco jurídico, la cooperación de organismos internacionales, el intercambio de experiencias con otras naciones y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
Afirmó que México no puede enfrentar solo este flagelo que padecen mujeres y niñas que viven con miedo, hambre, sin techo, sin poder recurrir a las autoridades porque están amenazadas de muerte.
El senador participó en el primer “Congreso sobre Prevención y Sanción de la Trata de Personas”, que se llevó a cabo en el auditorio del Museo de la Guardia Nacional y que organizó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Eduardo Ramírez se comprometió a retomar las conclusiones del foro para actualizar el marco jurídico en esta materia y, si es necesario, procurar el acercamiento entre los poderes legislativos de Centroamérica, Estados Unidos, Canadá o de otros países, a fin de afianzar criterios institucionales y legales, que permitan garantizar una vida segura para mujeres y niñas.
“Estoy completamente convencido que para combatir la trata de personas no puede haber intereses partidistas; los intereses de nuestra sociedad están por encima de todo”, expresó.
Desde el Senado, agregó, los legisladores reconocen el esfuerzo de instituciones y especialistas para analizar la situación actual del ilícito, así como los retos que debe enfrentar el Estado y la sociedad.
“Pero también señalamos lo que hace falta por hacer, no hemos avanzado lo suficiente” y quizá en este momento hay mujeres que padecen el delito de trata de personas, que están amenazadas, apuntó.
El objetivo del “Congreso sobre Prevención y Sanción de la Trata de Personas” fue generar líneas de investigación coordinadas, fortalecer las capacidades institucionales y el trabajo interinstitucional, revisar el marco jurídico y las mejores prácticas, para la atención a las víctimas de este delito.
Al encuentro asistieron Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana; Luis Rodríguez Bucio, comandante general de la Guardia Nacional; Kristian Hölge, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México; así como representantes de la Secretaría de Gobernación.
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