Con el propósito de que nuestro país cuente con los diagnósticos y estrategias que le permitan hacer frente al grave riesgo que, para la seguridad nacional y la supervivencia humana, representa la crisis mundial por la escasez de agua potable, el senador Salomón Jara Cruz presentó una iniciativa para que la contaminación, apropiación o explotación indebidas de los recursos hídricos en el país sean consideradas amenazas a la seguridad nacional.
En la propuesta se indica que ante las torrenciales lluvias que ha habido en nuestro país durante las últimas semanas, resulta paradójico hablar de escasez de agua, sin embargo, este fenómeno ilustra la dualidad del reto de una gestión integral y sostenible del agua.
El desafío no es solo garantizar que haya agua suficiente, sino también gestionarla de manera eficaz cuando hay demasiada agua en el lugar y el momento equivocados o cuando esta es de mala calidad.
En este sentido, el senador morenista apuntó que es preocupante la situación de muchas comunidades agrarias pobres en estados como Oaxaca, donde existen altas tasas de pobreza rural y bajos niveles de capacidad de adaptación, lo que hace que las personas sean muy vulnerables a los efectos producidos por la reducida disponibilidad de agua y convierte a la escasez en un factor de perturbación que acrecienta fenómenos como la migración, el desplazamiento y el conflicto entre comunidades. Esto es lo que se conoce como el doble desafío de la seguridad hídrica.
Por lo anterior, Jara Cruz busca establecer en la Ley de Seguridad Nacional que, para efectos de esta Ley, por Seguridad Nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a, entre otras, la preservación de los recursos naturales propiedad de la nación y la gestión integral y sostenible de los recursos hídricos.
Adicionalmente, se considerará como amenazas a la Seguridad Nacional los actos tendentes a afectar la disponibilidad, accesibilidad, salubridad y gestión sostenible de los recursos naturales propiedad de la nación; y los actos que promuevan la contaminación, apropiación o explotación indebidas de los recursos hídricos.
De esta manera, el Estado deberá garantizar el derecho humano al agua y asegurar que la gestión integral y sostenible de los recursos hídricos contribuya a la salud pública, la seguridad nacional y el bienestar colectivo, priorizando en todo momento la utilidad y el interés públicos.
Con esta reforma, la persona titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dependencia a la cual está adscrita la Comisión Nacional del Agua como Órgano Administrativo Desconcentrado, formará parte del Consejo de Seguridad Nacional, que es la instancia deliberativa cuya finalidad es establecer y articular las políticas en materia de seguridad nacional, así como identificar las amenazas y la agenda nacional de riesgos.
Ello permitirá que los temas relacionados con la gestión del agua y de otros recursos naturales, así como en general todas las problemáticas relacionadas con el medio ambiente y el cambio climático, puedan formar parte de la agenda prioritaria del país desde la perspectiva de la seguridad nacional e internacional.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Recursos Hidràulicos y de Estudios Legislativos.
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