La senadora Nancy Sánchez Arredondo solicitó a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), a la Secretaría de Marina y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, un informe sobre las acciones que se llevan a cabo para revertir la prohibición de la exportación de camarón de altamar, que Estados Unidos aplicó a México.
En un punto de acuerdo que presentó en la Permanente, la legisladora de Morena pidió a la Conapesca que explique las medidas que se pretenden ejercer para lograr un control efectivo, inspección y vigilancia en el uso obligatorio y adecuado de redes de arrastre con Dispositivos Excluidores de Tortuga.
Sánchez Arredondo recordó que el pasado 30 de abril, Estados Unidos anunció la suspensión de la certificación de camarón de altamar a México, debido a que el programa de protección de tortugas marinas, al que nuestro país está sujeto, ya no es comparable con el de la Unión Americana.
“Esta decisión se originó en virtud de una serie de visitas realizadas por inspectores de ese país, en las que constataron deficiencias en la instrumentación de la Norma referente a los Dispositivos Excluidores de Tortuga, en alrededor de 106 redes observadas”.
Refirió que esta medida significa que México deje de exportar 340 millones de dólares, que representan alrededor de 86 por ciento de las ventas de este crustáceo y la generación de 30 mil empleos, directos e indirectos.
“Esa es la magnitud del daño económico que esta prohibición provoca y que, dada la crisis económica generada en México por la pandemia, su efecto es por demás lesivo porque incide en un sector que es parte fundamental para la recuperación económica”, advirtió la senadora en el punto de acuerdo que se analizará en la Tercera Comisión.
Sánchez Arredondo comentó que también habrá graves repercusiones microeconómicas en regiones altamente dependientes de la pesca camaronera.
Por ello, consideró que el embargo debe hacer conciencia sobre la urgente necesidad de llevar los compromisos firmados por México, en materia de pesca sustentable, “del ámbito de la mera retórica, al campo de los hechos”.
La legisladora hizo un llamado para que exista una autentica coordinación entre el Gobierno Federal y los estados, a efecto de atender este problema y cumplir con los compromisos que México tiene en materia de protección ambiental.
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