El senador Martí Batres Guadarrama propuso que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales inicie una carpeta de investigación para determinar la posible comisión de ilícitos, por la probable triangulación de recursos provenientes del extranjero, a través de la organización “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad”.
Dichos recursos, acusó el senador de Morena, podrían utilizarse para financiar las campañas de la coalición “Va por México”, que integran los partidos políticos de Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, en el presente proceso electoral.
Dijo que es necesario salvaguardar los principios constitucionales de legalidad y equidad en los que deben desarrollarse las elecciones más grandes en la historia de nuestro país.
Al presentar el punto de acuerdo ante la Comisión Permanente, señaló que “de estas acciones, pueden desprenderse delitos de carácter electoral que podrían vulnerar la soberanía nacional”.
En el documento expone que, de acuerdo con una investigación periodística, el Gobierno de Estados Unidos, por conducto de su embajada en México, aparece como su principal donataria en los últimos dos años, al aportar 25 millones 700 mil pesos a la asociación civil “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad”.
Cifra que representa cerca del 20 por ciento de los ingresos totales de tal organización, entre 2019 y 2020, cuando Claudio X González Guajardo era su dirigente.
El Gobierno Federal, a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores, envió una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos para solicitar información sobre los recursos destinados a dicha asociación, la cual ha declarado su apoyo a los partidos PRI, PAN y PRD, como coalición, expuso.
Batres Guadarrama advirtió que la asociación es utilizada como una herramienta política y mediática contra el actual Gobierno Federal y, a pesar de que admiten tener cerca de mil 50 donantes en su página de internet, ha recibido un promedio de 70 millones de pesos anuales.
Dentro de los donadores destacan organismos extranjeros como el Departamento de Estado, a través de la United States Agency International Development, el Congreso estadounidense por conducto de la National Edowment for Democracy , así como agrupaciones privadas como McArthur Foundation y Ford Foundation, entre otras.
El punto de acuerdo fue turnado a la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente.
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